Las petroleras señalan que la ley de Mesa es inviable y piden otra. Las empresas consideran que el proyecto atenta contra sus derechos adquiridos, rompe unilateralmente los contratos y posterga los planes de desarrollo de las regiones y del país. No descartan posibles juicios.
Las empresas petroleras que operan en el país descalificaron ayer, de plano, el nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos presentado por el presidente Carlos Mesa y pidieron pensar en otro.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), primero a través de su presidente, Raúl Kieffer, y después en un comunicado público, criticó con dureza el nuevo proyecto y defendió las actuales condiciones del sector.
La propuesta de Mesa, en lo central, establece modificar en forma obligatoria todos los contratos con las petroleras, refundar YPFB y cobrar, entre impuestos y regalías, el 50 por ciento.
Kieffer aseguró que
Las empresas petroleras que operan en el país descalificaron ayer, de plano, el nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos presentado por el presidente Carlos Mesa y pidieron pensar en otro.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), primero a través de su presidente, Raúl Kieffer, y después en un comunicado público, criticó con dureza el nuevo proyecto y defendió las actuales condiciones del sector.
La propuesta de Mesa, en lo central, establece modificar en forma obligatoria todos los contratos con las petroleras, refundar YPFB y cobrar, entre impuestos y regalías, el 50 por ciento.
Kieffer aseguró que
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obligar a las empresas a cambiar de contratos es romper, unilateralmente, los acuerdos y la fe del Estado.
"No estamos de acuerdo. Cualquier migración en cualquier parte del mundo se hace voluntariamente, de otra manera y como lo plantea este proyecto de ley y el discurso que se ha dado, es obligatorio y eso es confiscatorio. Eso es romper el contrato unilateralmente", señaló.
Sobre la posibilidad de que las empresas acudan al arbitraje internacional, alertó que, "por sentido común, cualquiera que se vea afectado en sus intereses y firmó contratos e hizo inversiones cuantiosas, va a hacer respetar sus derechos".
Según Kieffer, el nuevo proyecto de Mesa está lejos de beneficiar al país. Todo lo contrario, sólo postergará los proyectos de la industria petrolera y, por tanto, el desarrollo de las regiones productoras y del país en general.
"Creemos que todas las posibilidades
"No estamos de acuerdo. Cualquier migración en cualquier parte del mundo se hace voluntariamente, de otra manera y como lo plantea este proyecto de ley y el discurso que se ha dado, es obligatorio y eso es confiscatorio. Eso es romper el contrato unilateralmente", señaló.
Sobre la posibilidad de que las empresas acudan al arbitraje internacional, alertó que, "por sentido común, cualquiera que se vea afectado en sus intereses y firmó contratos e hizo inversiones cuantiosas, va a hacer respetar sus derechos".
Según Kieffer, el nuevo proyecto de Mesa está lejos de beneficiar al país. Todo lo contrario, sólo postergará los proyectos de la industria petrolera y, por tanto, el desarrollo de las regiones productoras y del país en general.
"Creemos que todas las posibilidades
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y proyectos que se tenían, y especialmente los departamentos productores, se van a ver seriamente afectados a corto, mediano y largo plazo".
Incluso, advirtió que se pone en peligro la construcción de los polos petroquímicos y las exportaciones a Brasil y Argentina.
El presidente de la Cámara de Hidrocarburos dijo lamentar que Bolivia viva a espaldas de lo que sucede en el sector petrolero internacional, incluso en los países limítrofes, donde se bajan las tasas impositivas y se desarrollan proyectos de exportación.
"Nosotros, de haber sido un país de avanzada, hemos quedado rezagados", indicó.
Más tarde, la Cámara emitió un comunicado en el que manifestaron su discrepancia con el proyecto del Ejecutivo.
"Atenta contra la seguridad jurídica y desalienta futuras inversiones por parte del sector privado al imponer un marco legal dentro del cual las compañías se ven forzadas
Incluso, advirtió que se pone en peligro la construcción de los polos petroquímicos y las exportaciones a Brasil y Argentina.
El presidente de la Cámara de Hidrocarburos dijo lamentar que Bolivia viva a espaldas de lo que sucede en el sector petrolero internacional, incluso en los países limítrofes, donde se bajan las tasas impositivas y se desarrollan proyectos de exportación.
"Nosotros, de haber sido un país de avanzada, hemos quedado rezagados", indicó.
Más tarde, la Cámara emitió un comunicado en el que manifestaron su discrepancia con el proyecto del Ejecutivo.
"Atenta contra la seguridad jurídica y desalienta futuras inversiones por parte del sector privado al imponer un marco legal dentro del cual las compañías se ven forzadas
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a operar bajo la tuición de un Estado excesivamente intervencionista, impidiendo el desarrollo de la iniciativa y de la inversión privada", señala el comunicado.
El documento insiste en que la propuesta frustra la búsqueda de nuevos mercados para el gas natural e introduce un régimen fiscal discriminatorio y confiscatorio que no sólo menoscaba el valor de las inversiones realizadas a la fecha, sino que inviabiliza todo desarrollo futuro.
Pese a ello, la Cámara cree que es posible hacer una norma que sea equitativa para todos.
"El sector considera que es posible, sin desconocer la situación económica y política que atraviesa el país, elaborar un nuevo marco legal que respete los derechos adquiridos, que no inviabilice la industria petrolera boliviana y le permita, en el marco de una mutua conveniencia, continuar contribuyendo al desarrollo del país", añade el documento.
El documento insiste en que la propuesta frustra la búsqueda de nuevos mercados para el gas natural e introduce un régimen fiscal discriminatorio y confiscatorio que no sólo menoscaba el valor de las inversiones realizadas a la fecha, sino que inviabiliza todo desarrollo futuro.
Pese a ello, la Cámara cree que es posible hacer una norma que sea equitativa para todos.
"El sector considera que es posible, sin desconocer la situación económica y política que atraviesa el país, elaborar un nuevo marco legal que respete los derechos adquiridos, que no inviabilice la industria petrolera boliviana y le permita, en el marco de una mutua conveniencia, continuar contribuyendo al desarrollo del país", añade el documento.
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